La Asamblea Constituyente en Ecuador
y la Protección del Ambiente:
       Muchas nueces, poco ruido.

Al contrario de lo que ocurre con otros temas “claves” del país, el ambiental es objeto de poca discusión, tanto en las escuadras políticas como en las plataformas informativas.  Y esto no por falta de conocimiento sobre los problemas ambientales, sino por subestimación de cómo éstos inciden en la vida económica y social del país.

En la Asamblea Constituyente el tema no ha sido ignorado, pero se lo trata lateralmente.  Este se encuentra principalmente como tarea de las Mesas 5 y 7, que se ocupan de los temas “recursos naturales y biodiversidad” y “régimen de desarrollo”, orientados ambos a asuntos productivos.   Es decir, el tema ambiental tiene un tratamiento transversal en las áreas que más se relacionan con él, lo cual está muy bien, pero no se ha dedicado un apartado específico para tratarlo en forma independiente del interés económico inmediato.  Esto podría ser un indicativo de que se continuará con el prejuicio de que el ambiente “vale” en tanto tiene un precio, pero no por su valor intrínseco.

Los lineamientos conceptuales expuestos en las agenda de las citadas Mesas Constituyentes podrían llevar pensar a las/os señoras/os asambleístas que el ambiente no es una entidad social y natural de la que deben partir los estilos de desarrollo y formas de aprovechamiento de los recursos naturales, sino al revés.  Es decir, la realidad objetiva, física y tangible “ambiente”, se la supedita a la construcción ideológica de “desarrollo” que es arbitraria y que, como se sabe, responde a intereses temporales y clasistas.

La consecuencia práctica de este prejuicio es la asunción de que tanto desarrollo como extracción de los recursos naturales son aspectos inamovibles, que deben ocurrir bajo cualquier consideración y, por otro lado, el ambiente simplemente una variable cuya protección se ha de expresar en metarrealidades salidas de las buenas intenciones gubernamentales.  Estas son la aplicación de medidas y principios como los de “sostenibilidad ambiental”, “manejo sostenible”, “contaminador-pagador”, “precautorio” y otros de gran importancia, pero que a nivel mundial y más aún en Ecuador, no han mostrado aún su eficacia.  Y esto no por que estén mal planteados, sino por que son construcciones ideológicas que representan el nivel de protección que una sociedad o gobierno acepta o aprueba, y no necesariamente lo que la naturaleza requiere.  Así, supeditando la naturaleza al desarrollo se permite que aquella quede a merced de las ilimitadas aspiraciones de expansión económica y explotación de los recursos naturales que algunos sectores sociales aspiran.

Es de advertir que si los lineamientos preliminares de la Asamblea siguen su curso tal cual están planteados en las agendas de las diez Mesas Constituyentes, el ambiente no tendrá cabida en la nueva carta constitucional sino en forma secundaria, como un aspecto accidental que se deriva de los temas “claves” desarrollo y explotación de recursos naturales.

Pero bien, más allá de la lectura de lo que hasta aquí se puede observar del trabajo de la Asamblea Constituyente, debe advertirse que cualquiera sea la orientación que tomen las/os señoras/os asambleístas sobre este tema, los resultados deben ser de al menos igual calidad conceptual que lo que ya existe en la actual constitución.  Debe recordarse que en la constitución aún vigente, la de 1998, existe ya un robusto, aunque poco utilizado, cuerpo normativo dedicado al ambiente.  Con una valor más formal que práctico, en ésta se establecieron ya cosas tan revolucionarias como aquello que la defensa del patrimonio natural y cultural del país y la protección del ambiente es uno de los “deberes primordiales del Estado” (Art. 3, inc. 3).  Se determinó que el “derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación”, es uno de los derechos civiles de los ecuatorianos (art. 23, 6).  Y se advierte que “el Estado, sus delegatarios y concesionarios, serán responsables por los daños ambientales” debiéndose tomar medidas preventivas “en caso de dudas sobre el impacto o las consecuencias ambientales negativas de alguna acción u omisión, aunque no exista evidencia científica de daño” (Art. 91).  Estos tres principios constitucionales muestran que el país ha  alcanzado ya cotas altas en materia de rendir, aunque formal y aun ineficientemente, sus respetos al ambiente.  Entonces, en el ejercicio constitucional en marcha, lo que se decida establecer en relación al ambiente, debe ir más allá de las tímidas e ineficientes normas que ya existen desde hace casi una década en nuestra carta magna.

Como punto de partida para la preparación del nuevo texto constitucional, las/os señoras/os asambleístas deben conocer los asombrosos índices positivos y negativos que en materia ambiental registra el país:  Ecuador es uno de los 16 países con mayor biodiversidad en el mundo y también es el de más biodiversidad por unidad de superficie; pero, al mismo tiempo, es el segundo mayor destructor de bosques nativos en el hemisferio occidental y uno de los ocho mayores deforestadores a escala mundial.  Aquí han ocurrido ya holocaustos ecológicos con costos sociales cuya cuantificación es aún tarea pendiente para el movimiento ambientalista.  Algunos de estos holocaustos ocurrieron bajo la divisa ambientalista de la actual constitución.  Cítense entre estos, por ejemplo, la destrucción de alrededor de 100 mil hectáreas de los riquísimos bosques del norte de Esmeraldas, para ser reemplazados por plantaciones de palma africana.  Lo triste aquí no fue que se sembró palma africana, cultivo necesario por que innegablemente proporciona riqueza y fuentes de trabajo, sino que se lo hizo en áreas de bosque nativo, por que esa fue la opción más barata.  Y claro, lo trágico es que este holocausto haya sido autorizado por la misma entidad creada para proteger al ambiente y para lograr el desarrollo sustentable en el Ecuador, el Ministerio del Ambiente.  De esta manera, ni se protegió lo uno ni se logró lo otro, pues destruir un bosque diverso para crear un bosque monótono es lo más anti-ecológico y menos inteligente que se pueda imaginar; además en el país existen miles de hectáreas de tierras agrícolas subutilizadas o abandonadas en donde pudieron realizarse esos cultivos.  Otros holocaustos ecológico ocurridos en nuestro territorio son la imparable contaminación petrolera, en marcha desde hace tres décadas en la Amazonía y la colosal destrucción de los bosques de manglar en la costa. 

Si no se valoran las tragedias ecológicas citadas como una consecuencia directa de ignorar el valor intrínseco de la naturaleza y el ambiente, otros holocaustos ecológicos acompañados de desastres sociales ocurrirán en los campos minero, petrolero y otros en los que se expresa el desarrollo en el país y que se los quiere potenciar en el presente gobierno.  Entonces, el tema ambiental no debe ser enfocado desde la perspectiva de incorporarlo transversalmente como una “variable” más, que filosóficamente implica degradarlo a categoría de ente secundario que se interpone en los procesos de desarrollo y extracción de recursos naturales, sino al revés, como el ente físico que ampara la vida social del país y el planeta, en el que se interponen procesos de desarrollo, alteración/destrucción controladas y cambios retroactivos o irreversibles de elementos naturales y ecosistemas.   Esta visión permitirá a todos, mandantes y mandatarios, comprender que los procesos de desarrollo no son intocables ni pueden ocurrir en cualquier lugar, sino solamente en los que ambiental y ecológicamente sea posible.  Si en la asamblea se quiere concretar el lema político de que el país ya es de todos, debe empezarse devolviéndose la seguridad ecológica a sus habitantes.
                                                                                                                                                                                                                        B. R.
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